La jugada es la primera respuesta personal de Cristina ante el contundente inicio del alegato del fiscal Luciani en su contra, atiborrado de documentos y pruebas que la comprometen como activa heredera de la supuesta estructura delictiva creada por su marido en mayo de 2003 y mantenida por ella hasta el último minuto de su gobierno, el 10 de diciembre de 2015.

De hecho, uno de los indicios más comprometedores que presentó Luciani el lunes pasado fue una secuencias de capturas de los mensajes que el ex secretario de Obras Públicas, José López, mantuvo con Lázaro Báez y el directivo de Austral Construcciones Julio Mendoza, en los cuales se demuestra que Cristina participó personalmente del llamado operativo «limpiemos todo»: el abrupto abandono de todas las obras en las que trabajaba -y habí cobrado- Báez, y el despido de 3.000 trabajadores.

Allegados al fiscal Luciani manifestaron la segura decisión del fiscal de rechazar la recusación que planteará la vicepresidenta: «Diego juega al fútbol desde adolescente, lo hizo en varios equipos y lo sigue haciendo, y participó de decenas de torneos en un montón de lugares. Todo el mundo que lo conoce lo sabe», dijo uno de sus colaboradores. «Si algún partido de algún campeonato se jugó en Los Abrojos y él fue, no lo compromete con nada. Luciani ni lo conoce a Macri, y además aborrece la política».

Otra mujer que compartió con el fiscal un tramo de su carrera en la justicia recuerda que «a Diego lo quisieron vincular con la ex procuradora K Alejandra Gils Carbó porque en 2013 ella lo designó  secretario letrado en la Procelac (Procuración de Delitos Económicos y Lavado de Activos), y ahora buscan pegarlo a Macri porque no les gusta su acusación.» La designación de Luciani como fiscal de la Nación, además, fue impulsada por la misma Cristina: su pliego fue elegido por la entonces Presidenta y elevado al Senado el 25 de junio de 2013.

Lo que puede ocurrir entonces es que el Tribunal rechace in limine -sin analizar- ese pedido y la audiencia se desarrolle con normalidad, o que acepte el pedido de recusación y suspenda la audiencia para discutirlo. Esa suspensión, a su vez, puede durar unas horas o varios días. Si la recusación es rechazada, Beraldi puede recurrir con ella a la Cámara Federal de Casación Penal, que la tratará mientras el juicio continúa o, si así lo dispusiese, con las audiencias paralizadas hasta su decisión.(www.caraycecaonline.com.ar)