El TOF 2, que encontró responsable a la vicepresidenta del delito de administración fraudulenta, sostuvo en los fundamentos de la condena que ella se benefició con Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez. Los beneficios que recibió de la compañía posibilitaron “el incremento de su patrimonio” gracias los contratos celebrados entre el dueño del Grupo Austral y las empresas de los Kirchner: la inmobiliaria Los Sauces y a la hotelera Hotesur.
Todo el dinero volcado a lo que la justicia calificó “contratos simulados”, tuvo como único origen las irregularidades en las obras viales. Así quedaron conectadas las maniobras que se corroboraron en el caso Vialidad, y el «retorno» a los Kirchner de una porción de esos fondos en una segunda etapa, a través de operaciones comerciales «simuladas».
Todos juntos: Máximo y Cristina Kirchner, junto a Lázaro Báez en el mausoleo de Néstor, en Río Gallegos.
Los jueces que firmaron la primera sentencia por corrupción contra Cristina y Báez indicaron que la relación entre ellos tuvo como caja principal al erario público: hablaron de “lazos promiscuos”, que no distinguían el interés de lo público con lo privado. El daño ocasionado al Estado se estimó en 85.000 millones de pesos.
¿Cómo se conecta esto con la causa Hotesur-Los Sauces que ahora fue reabierta? El circuito corroborado funcionaba de la siguiente manera: Báez cobraba irregularmente montos millonarios del Estado nacional, no sólo en concepto de lo que se consignaba en los pliegos licitatorios, sino también a través de las diversas modificaciones de plazos y montos que fueron definidos como sobrecostos por los fiscales del juicio.
Ese dinero, explicó la justicia, se “destinaba a operaciones privadas con la ex Presidenta de la Nación, quien permitió y facilitó la erogación de ese dinero guiada por un claro interés personal”.
Según la argumentación judicial, Cristina Kirchner proveía “el beneficio económico de las empresas del Grupo Báez, que eran contratadas para ejecutar las obras públicas viales”. “O lo que es igual, de las empresas comandadas por el sujeto con quien la propia ex Presidenta y su familia realizaban negocios inmobiliarios y hoteleros mientras, en forma simultánea, se ejecutaba la maniobra de defraudación en perjuicio de los fondos públicos nacionales destinados a dichas obras públicas”.
El destino final de ese dinero, era “en parte, las empresas familiares de la ex Presidenta». La referencia es hacia Hotesur -la firma dueña del hotel Alto Calafate- y Los Sauces, la inmobiliaria.(www.caraycecaonline.com.ar)