Este mediodía, el ministro de Interior, Guillermo Francos, recibió al gobernador de Chubut, Ignacio Torres y al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, que habían logrado -junto con las cámaras empresarias- hacer un planteo conjunto para resistir una serie de cambios en la industria pesquera que figuraban en la iniciativa del Gobierno conocida como “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.

A los referentes territoriales y a la industria del sector le inquietaban tres puntos centrales del proyecto, que tuvo como padre intelectual a Federico Sturzenegger. De acuerdo a los gobernadores, la iniciativa quitaba la obligatoriedad de que los buques descargarguen la pesca en puertos argentinos. A sus ojos, eso podía afectar los puestos de trabajo locales y mermar para la Argentina la recaudación de divisas, ya que las flotas -en forma de factoría- podrían procesar la mercadería arriba de los barcos y llevarla directamente al extranjero.

El segundo punto que generaba controversia era el vinculado a la licitación de cupos de pesca, ya que el proyecto de Milei proponía la libre competencia entre empresas nacionales y extranjeras. Los gobernadores advirtieron que esto “generaría condiciones desiguales ya que liberaría el recurso a cualquier buque extranjero sin contemplar los antecedentes de las empresas”, poniendo en riesgo la soberanía nacional “teniendo en cuenta que la Argentina pierde miles de millones de dólares en la milla 200 por pesca ilegal”. Por último, la iniciativa oficial quitaba la obligación de que el 75% del personal embarcado sea de nacionalidad argentina.

Los referentes territoriales se venían quejando de que Milei siguió el plan de Sturzenegger sin consultar al Consejo Federal Pesquero, al empresariado o a los sindicatos. En la Casa Rosada atribuyeron los cortocircuitos a un “error de interpretación” del proyecto de ley y aseguraron que el Gobierno quiere “proteger la soberanía sobre las 200 millas” de zona económica exclusiva de la Argentina.

“La ley se ha interpretado de una manera distinta al espíritu que tenemos en el Gobierno. No hay una diferencia en el espíritu con los gobernadores, todos queremos proteger las 200 millas ”, dijo Francos al finalizar la reunión. Si bien el ministro no quiso hablar de modificaciones en el proyecto, sí reconoció que durante el tratamiento en comisiones en Diputados “habrá temas que serán clarificados” en la redacción de los artículos de la ley.

Torres dijo al culminar el encuentro: “Nos vamos con la tranquiliad de que no se va a comprometer la soberanía en las 200 millas, que la descarga de los buques se hará en puertos nacionales y que se va a proteger el empleo argentino”. Anunció, además, la conformación de una “mesa sectorial” para el sector.

Al encuentro en el Ministerio del Interior se sumaron el ministro de Defensa, Luis Petri y el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, que tiene a su cargo las áreas de agricultura y pesca dentro del Ministerio de Economía. El Gobierno prometió un plan que “dé pelea a la pesca ilegal”.

Pese a que los gobernadores entienden que ganaron la pulseada, en la Casa Rosada repiten que “no se trata de una marcha atrás” con la reforma pesquera que propone Milei porque “el espítiru de lo que quiere el Gobierno es el mismo que el que defienden los gobernadores”. Pero, más allá de la narrativa oficial, los cambios en el texto (que todavía no se definieron en detalle) podrían ser sustanciales en términos de impacto. De mínima, Torres y Montenegro se fueron con la tranquilidad de que la descarga de los barcos seguirá siendo en los puertos argentinos y que se respetará el cupo de empleo argentino.

El planteo de los gobernadores por la pesca puso a prueba la intransigencia que viene exhibiendo el Gobierno para que el proyecto ómnibus se trate a libro cerrado. “Esto no es un menú para que venga cada uno a plantear que cambiaría de la ley. Apoyan o no apoyan”, advirtió a LA NACION un colaborador muy cercano al Presidente.

Muy cerca de Milei repiten, como máxima rectora, que la Casa Rosada “no está dispuesta a discutir cada coma y cada punto de la íes” del proyecto porque “la ley es una sola y tiene lógica y cohesión”.

El portavoz, Manuel Adorni, había anticipado en su conferencia de prensa matutina que el Gobierno estaba dispuesto a revisar los artículos de la reforma pesquera. “Estamos abiertos al diálogo y al debate. En cada coma de lo que se mandó al Congreso hay mucho expertise. Y entendemos que en el caso de la pesca la actividad puede crecer y que no se perderá el empleo. Pero más allá de eso estamos abiertos a discutir algún punto que genere controversia. Uno puede proponer algo que tal vez después puede corregirse”, dijo el vocero presidencial.