La sumatoria de traspiés del subdirector de Personal de la Legislatura, Claudio Albini, y de su hijo Facundo, concejal platense y apoderado provincial del Frente Renovador de Sergio Massa, ocurrió dos semanas después de que ambos pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias tras meses de silencio, pero con condiciones. Habían reclamado que los escuchara el juez Atencio, tras acusar a la fiscal Lacki de vulnerar sus derechos de defensa. No les fue bien.Los Albini plantearon esa petición, que no cuadra en el Código Procesal Penal bonaerense, tras reemplazar a su abogado defensor, Gustavo Galasso, por una tríada con base en la ciudad de Buenos Aires y recorrido en el fuero federal. Así, Maximiliano Rusconi asumió el patrocinio, junto a los letrados Gabriel Palmeiro y Martín Villar, primero en coordinación y luego en sustitución de Galasso, quien renunció.

Pero la jugada de los Albini no prosperó. El juez Atencio rechazó primero el eventual apartamiento de Lacki para, casi de inmediato, admitir un planteo de la fiscal. “Resuelvo hacer lugar a la medida cautelar solicitada”, firmó, “ordenando la inhibición general de bienes de Claudio Gustavo Albini y Facundo Mario Albini”.

La orden del juez Atencio buscará bloquear todo el patrimonio de los acusados de integrar una asociación ilícita que defraudó al Estado bonaerense por al menos $800 millones durante los últimos años mediante el uso intensivo de “ñoquis” y prestanombres en la Legislatura bonaerense, con el apoyo de Julio Segundo “Chocolate” Rigau, también detenido en la causa.

En ese sentido, Atencio ordenó librar oficios para bloquear cualquier movimiento patrimonial, ya fuera con la venta, cesión o donación de inmuebles, autos, embarcaciones o aeronaves, en tanto que recordó que ya había ordenado bloquear las cuentas bancarias, bonos y letras del Tesoro que los Albini pudieran tener.

Reafirmada como la responsable e instructora de la investigación, la fiscal Lacki dio otro paso. Les requirió a los defensores de los Albini “que informen a esta Unidad Funcional de Instrucción nro. 2 si sus defendidos continúan con la intención de prestar declaración”, como habían afirmado semanas atrás, pero les recordó que, de mantener esa decisión, lo harían “en los términos previstos por el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”. Es decir, que los acusados podrían manifestar lo que deseen con la asistencia y presencia de sus abogados, pero que luego la Fiscalía podría plantearles las preguntas que considere.

Ante esa situación, los Albini volvieron sobre sus pasos. “Nuestros asistidos desisten de su intención de declarar”, indicaron sus defensores, en un escrito de una carilla.

Los Albini habían pedido ampliar sus declaraciones indagatorias días después de que Pablo Parente, director de Personal de la Legislatura –y superior teórico inmediato de Claudio Albini–, había dejado varios flancos abiertos. En particular, al analizar los legajos administrativos de algunos de los 48 presuntos empleados de la Cámara de Diputados cuyas tarjetas de débito operaba “Chocolate” Rigau cuando lo detuvieron.

Tanto el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense como su hijo llevan casi seis meses detenidos en la Alcaldía Departamental “Roberto Pettinato”, en las afueras de La Plata, en tanto que “Chocolate” Rigau permanece en una celda desde el 15 de octubre, tras su primera detención, ocurrida el 9 de septiembre, y un intervalo de tres semanas en libertad.

La detención de “Chocolate” Rigau provocó un efecto dominó que sacó a la luz prácticas delictivas comunes a varios espacios políticos. Con el paso de las semanas quedaron bajo la lupa Hugo Muguerza y su pareja Josefina Ortellado, quienes operaban como “chocolates” para Pro y el radicalismo, como también el peronista Hugo Alberto Sini.

El estallido del escándalo provocó, también, cruces de acusaciones, pases de facturas y operaciones, como la pegatina de afiches y calcomanías en los baños y otras instalaciones de la Legislatura bonaerense contra el dirigente de la Asociación del Personal Legislativo (APL), Juan Cocino. “UCR – Fábrica de Chocolates”, le endilgaron, junto al nombre de quien también fue diputado provincial por el GEN.

Ahora, en tanto, “Chocolate” Rigau y los Albini deberían continuar detenidos hasta la sustanciación del juicio oral, aunque los Albini buscan revertir las prisiones preventivas confirmadas que recaen sobre ellos por la vía del planteo de nulidades o por razones de salud, argumento que su defensa ya invocó, y tampoco prosperó.(www.caraycecaonline.com.ar)